Venezuela y la isla de Barbados unidas por el Arco Minero

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El Arco Minero del Orinoco une al yacimiento minero de Venezuela y la isla de Barbado, aunque están separados por más de mil kilómetros de distancia, el gobierno de Nicolas Maduro en desde febrero de ha unido a estos países con el negocio de la minería.

Actualmente el sur de Venezuela, donde hace muchos años se trabajaba era la minería informal y artesanal, asi como el contrabando, ahora se forman las bases de una  explotación desmesurada con empresas mixtas entre el Estado y compañías privadas con sociedades en la isla caribeña.

Esta actividad en un área de casi 112.000 kilómetros cuadrados en el norte del estado Bolívar y en el sur del río Orinoco,  busca compensar el descenso de los precios petroleros y el desplome de 2016 la producción de crudo, ha terminado ligada a empresas registradas en ese pequeño paraíso fiscal llamado Barbados. La Corporación Faoz, una compañía venezolana que nadie conoce y que en agosto de 2016 firmó un acuerdo con el Ejecutivo para la explotación de coltán, un mineral estratégico conocido como el “oro azul” y anhelado por industrias como la de telecomunicaciones, es uno de los casos.

Los Paradise Papers permitió que se filtrara información y expuso a luz  que tres años antes de que adoptara el nombre de Corporación Faoz la empresa había creado una sociedad homónima en Barbados, como si supiera lo que estaba por venir. El Arco Minero aun no pensaba en nacer y ya  Faoz Corp  existía, inscrita el 13 de mayo de 2013, apenas dos meses después de la muerte de Hugo Chávez y a uno de la elección de Nicolás Maduro como presidente de la República.

Por su parte, Luisa Herminia Alcalá Otero firmó un acuerdo con el gobierno venezolano a nombre de la compañía, representado para ese momento por Roberto Mirabal, ministro del Desarrollo Minero Ecológico, el 5 de agosto de 2016.  Ese convenio se oficializó casi tres meses después con el decreto presidencial 2359, publicado en la Gaceta Oficial 41026. Allí nació la sociedad Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza (Emmepsa), cuyo 55% del capital accionario pertenece a la estatal Corporación Venezolana de Minería y el resto 45% a Corporación Faoz.

Asimismo, según resolución del Ministerio del Desarrollo Minero Ecológico, publicada en Gaceta Oficial 41046 el 6 de diciembre de 2016, determinó que la empresa mixta tendría derecho a la “exploración y explotación de minas y yacimientos de tantalio-niobio (coltán), ilmenita, casiterita, estaño, circón, cuarzo, granito, diamantes y oro, incluso su aprovechamiento”, en una superficie de 10.201 hectáreas ubicada en el municipio Cedeño en el estado Bolívar. En la mismas, de igual manera quedó plasmado que a la Corporación Faoz apenas le bastó inyectar 450.000 bolívares –45% del capital accionario de la empresa mixta– para entrar en el negocio, de acuerdo con el acta de la asamblea de accionistas publicada allí.

El negocio de Corporación Faoz está relacionada con la Empresa Conjunta Minera de Nueva Esparta (Econime), con quien cerró otro convenio. Por Ecomine firmó otro Alcalá, esta vez, Félix Ángel Oliveros Alcalá, quien también aparece como presidente de Corporación Faoz en algunas actas de las asambleas de accionistas de Emmepsa.

Otra empresa favorecida por el gobierno que cuenta con sociedades registradas en la isla de Barbados, es la minera canadiense Gold Reserve, a la que Chávez suspendió en 2009 una concesión para explotar las minas de Las Brisas y Las Cristinas en el estado Bolívar, para integrar la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera. Esa compañía fue parte del acuerdo al que llegó Maduro luego de que en 2014 la minera obtuvo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones un laudo arbitral por poco más de 700 millones de dólares como indemnización por aquella decisión de Chávez.

Nicolás Maduro en febrero de 2016 cuando aprobó el decreto del Arco Minero del Orinoco dijo, “de un conflicto y un pleito que teníamos, ahora somos socios para el desarrollo de un proyecto de más de 5 millardos de dólares”. El pacto en realidad obliga a Venezuela a saldar el laudo que ascendió a casi 800 millones de dólares por los intereses que corrieron hasta 2016, con erogaciones mensuales hasta mediados de 2019. Además, Venezuela deberá pagar otros 240 millones de dólares por la información técnica de las minas que Gold Reserve levantó durante años y que servirá para la operación de la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera.

Redacción Seguros y Banca

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