Frontera de Brasil seguirá abierta a los migrantes venezolanos

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Procuraduría brasileña desestimó solicitud de Suely Campos, gobernadora brasileña del estado de Roraima

La procuraduría general de Brasil se pronunció en contra de la solicitud emanada desde la gobernación del estado de Roraima, donde se solicitaba un cierre de frontera con Venezuela, país situado en su frontera norte, en vista del fuerte flujo de migrantes venezolanos que huyen de la crisis que asola actualmente al país sudamericano.

El subprocurador general, Luciano Maríz Maia, aseguró que “El cierre de la frontera ofende frontalmente tanto la protección a los refugiados como la política brasileña de migración, y provocaría el aumento del ingreso irregular”.

La limitación al ingreso del flujo de inmigrantes venezolanos estaría violando los compromisos adquiridos por el gigante brasileño en lo atinente a la defensa de los derechos humanos. Estos acuerdos están enmarcados en la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Convención de Ginebra.

El subprocurador afirmó además que dicho cierre “provocaría el aumento del ingreso irregular y de la permanencia clandestina de esas personas, lo que agravaría la situación social en la región”.

El pasado 13 de abril, la gobernadora de Roraima, Suely Campos, solicitó ante la corte suprema brasileña el cierre de la frontera con Venezuela argumentando  que un ingreso diario de entre 500 y 700 venezolanos que huyen de la crisis política, social y económica desatada en ese país, provocaba problemas en lo social y económico en la estructura del estado de Roraima, considerado como uno de los más pobres de Brasil.

Particularmente, en  la ciudad de Boa Vista, capital de Roraima, se han establecido unos 50.000 venezolanos, lo que equivale a más del 10% de su población calculada en unos 320.000 habitantes.

En consideración a esto, la gobernadora del estado, argumentó que sin ayuda logística y financiera inmediata del gobierno brasileño, el pequeño estado no tendría condiciones para afrontar el costo económico y social que acarrea el éxodo de venezolanos a la región ni poder atender a los migrantes con los servicios básicos de alimentación, salud y educación.

La disputa surgida entre la gobernadora y el gobierno central motivada por el tema recibió un plazo de 30 días por parte de la magistrada Rosa Weber, a fin de que sea zanjada entre ambas partes en una conciliación amigable, por considerar que el diálogo y la cooperación institucional son “imprescindibles” para solucionar los conflictos entre el gobierno federal y las unidades federativas.

Como se recordará, recientemente, en el marco de la Cumbre de las Américas, se realizaron anuncios de apoyos financieros a aquellas regiones que se han convertido en receptores de emigrantes venezolanos por un mosto cercano a los 16 millones de dólares a través de declaraciones del Vicepresidente estadounidense Mike Pence lo que serviría de apoyo a regiones con pocos recursos que, como el estado de Roraima, han abierto sus puertas al flujo de emigrantes venezolanos.

Fuente: El Universal

Fotos: Agencias

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