#Especiales | El ejercicio del periodismo en tiempos de revolución

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La inveterada costumbre de “matar al mensajero”, se ha convertido, con el transcurrir del tiempo en una característica de aquellas formas de gobierno que apuntan, en su accionar, a coartar y suprimir las voces que se alzan y no son acordes a sus intereses.

Gobernar es, sencillamente, tratar de fomentar el bienestar de un colectivo a través de una administración clara y transparente en todas las instancias, sea política, social o económica, es el gobierno quien debe velar porque, con un total criterio de transparencia, los recursos de quienes han depositado en sus manos tamaña responsabilidad, sean usados o aplicados para generar el bienestar común.

Es aquí donde se inicia una pugna que, lejos de ser asumida por quienes, necesariamente deben rendir cuenta del uso de la cosa pública, busca a toda costa evadir esa responsabilidad, es allí donde la labor periodística, amparada por el artículo 143 de nuestra constitución, debería tener acceso a los documentos públicos para develar todas las minucias sobre posible mal uso de los recursos del estado, y acá puede aplicarse, sencillamente, las palabra que pone de cabeza a casi todos los sistemas de gobierno y, en este caso particular al venezolano: La Corrupción.

El ejercicio del periodismo como actividad que debería recibir amparo desde las esferas gubernamentales cumpliendo el mandato constitucional, se ha constituido en una suerte de bastión para, no solamente aquellas voces que disienten del gobierno sino de toda la colectividad de un país que, al procurarse información acerca de cualquier tema que trate del uso de dineros públicos, se toparán con una suerte de “caja negra” a la cual sólo tienen acceso los personeros del gobierno, un bastión acosado y perseguido según una larga lista nutrida con datos que lleva la organización no gubernamental Espacio Público.

En casos recientes señalados por la organización, cuentan, entre otros casos, el del día 18 de febrero de 2018 donde, a la par que denunciar el acoso a un periodista por investigar un presunto caso de corrupción, la organización emitió un comunicado de respaldo firmado por 196 periodistas y 33 organizaciones.

Este caso, en particular, trata, según relata el portal de la ONG: “El 8 de septiembre de 2017, Alex Nain Saab presentó una demanda en contra de las personas señaladas por los delitos de difamación agravada continuada e injuria agravada, establecidos en los artículos 442 y 444 del Código Penal, y sancionados con prisión de hasta cuatro años y multas de hasta 500 unidades tributarias, el que equivalente a 150 millones de bolívares.”

La investigación realizada por el portal armando.info fue reseñada en dos publicaciones del mismo y trataba acerca de la conexión del ciudadano Alex Nain Saab con una posible red de corrupción vinculada con la distribución de alimentos en Venezuela a través de la empresa Group grand Limited.

Luego de múltiples amenazas y acoso, los cuatro periodistas de armando.info optaron por irse del país toda vez que no percibieron garantías de un proceso judicial ajustado a derecho en ciernes.

El día 28 de Marzo, un infociudadano identificado como Gabriel Oñate, fue detenido por la policía de Yaracuy luego de que tomara testimonios en el mercado del municipio Independencia. Según el portal El Pitazo, donde afirmaron que Oñate forma parte de sus colaboradores, una mujer que se identificó como gerente del mercado, lo abordó luego de haber recabado la información, coaccionado por la policía, se vio impelido a borrar el material recabado.

Llevado hasta el comando, sin orden de detención, sin que le explicaran motivo alguno para la interrupción de su actividad, tuvo luego que firmar un acta cuya lectura no se permitió para poder retirarse del comando.

Finalmente, este martes 27 de marzo, el fotógrafo de El Pitazo, Rayner Peña, fue detenido por funcionarios del Metro de Caracas cuando se encontraba realizando un trabajo especial en las afueras de Chacaíto. Dos personas que se identificaron como funcionarios de inteligencia lo abordaron y lo llevaron a una oficina donde le dijeron que la actividad que realizaba constituía un delito según las normas del subterráneo.

Incontables casos para citarlos sólo en un artículo y que van desde detenciones injustificadas como el caso de periodistas detenidos por el SEBIN e incomunicados en la sede de ese organismo por el hecho de sacar fotografías a las escaleras del Calvario, espacio público ubicado en el centro de Caracas. Durante las protestas de 2017, también se vivió un clima de tropelías donde reporteros y fotógrafos sufrieron, en muchos casos, hasta heridas por golpes de piedra lanzados por protestantes o gendarmes indistintamente.

Emblemático fue el caso de la periodista Génesis Arévalo quien llevaba una investigación documentada y que apuntaba a un caso grave de corrupción desde la administración de la gobernación de Vargas, encabezada por el general García Carneiro, por desvío y extravío de fondos para la ejecución de un estadio de béisbol en Macuto, obra cuya paralización era evidente para la fecha. Esto no sólo conllevó a la pérdida del empleo por parte de la periodista, también un cierre temporal al medio de comunicación.

Otra forma de censura la constituye el monopolio ejercido por la Corporación Maneiro. Desde el inicio de la administración en la distribución del papel prensa por parte de este organismo, ha ocurrido el cierre de periódicos emblemáticos como El Carabobeño, El Impulso de Barquisimeto, La Nación del Táchira, el Oriental de Monagas, La Prensa de Barinas, Versión Final en el Zulia y otros cuya edición impresa era ícono en cada una de las ciudades donde circulaban.

La creación más reciente de ese intento de amordazar la libre expresión la constituye la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” promulgada por la ANC, esta ley sanciona hasta con 20 años de cárcel, bloqueo de portales, cierre de medios por opinar o difundir determinadas informaciones.

El portal Espacio público lleva una estadística donde están asentadas la mayor parte de estas violaciones a la libertad de expresión así como casos de agresiones a periodistas y medios, desde allí, con sus cifras y casos documentados, se podría inferir que la libertad de expresión en nuestro país atraviesa un período de oscurantismo.

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