Análisis: Impacto de la impresión de monedas en la política monetaria venezolana

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Con el paso del tiempo, la política monetaria de los Estados se ha venido haciendo más compleja. Antes la idea de un “buen gobierno” en temas monetarios consistía en la acuñación de monedas que debían ser aceptadas por todos los individuos con base en su valor facial, y un “mal gobierno” era aquel que atentaba contra la confianza de la moneda y el valor que residía sobre ella.

A medida que el mundo financiero se torna más complejo, el trabajo del gobierno como simple “acuñador” de moneda se sobrepasa, y su autoridad se emplea con distintos fines que no siempre resultan beneficiosos para la ciudadanía.

Como resultado de esa evolución, el Estado crea la banca central, a través de la cual coordina y organiza sus decisiones monetarias. Hoy día, la existencia de la banca central –para bien o para mal– es prácticamente un estándar en casi todos los países del mundo, incluyendo a Venezuela.

Dentro de este contexto, la política monetaria podrá ser definida como las decisiones que toma el banco central en relación con el control de la oferta monetaria. De esta forma, en la práctica, la política monetaria se traduce en el ajuste de la oferta de dinero en la economía para conjugarla con la estabilización de la inflación y del producto.

En uno de sus trabajos John Maynard Keynes (1919) expresó lo siguiente: “No existe una forma más sutil ni más segura de trastornar las bases existentes de la sociedad que corromper la moneda; el proceso utiliza todas las fuerzas ocultas de la ley económica del lado de la destrucción, y lo hace de forma tal, que ni un hombre entre un millón puede diagnosticarlo”.

Más allá de las diferencias que puedan tenerse con la obra de Keynes en otros ámbitos, creemos que este autor se encuentra en lo correcto cuando señala que una moneda corrompida trastorna los fundamentos de la sociedad.

Con base en lo anterior, para los efectos de este artículo, se entenderá la inflación como “un proceso económico caracterizado por alzas generalizadas y sostenidas de precios en el tiempo.”

En este contexto, la inflación estaría determinada de la siguiente manera: “Una aceleración en el crecimiento de la oferta monetaria conlleva a un incremento simultáneo de la tasa de crecimiento del ingreso real y la inflación, ubicándose el desempleo por debajo de su tasa natural”.

No sería exagerado afirmar, como lo planteó Hayek en su momento, que la historia de la humanidad es en gran medida la historia de la inflación, desarrollada por los propios gobiernos para su propio beneficio. Más aún, señala este autor que los gobiernos son incapaces de proveer dinero decente durante cualquier período, y solo se han abstenido de usar de forma abusiva su poder monetario cuando se encuentran sometidos a sistemas de control parecidos al patrón oro.

Teorizar sobre los fundamentos de la teoría monetaria puede resultar un ejercicio vacuo si su significado no se aterriza en la vida de cada ciudadano. Hasta ahora, se demostró que existe una correlación entre política monetaria, banca central, oferta monetaria e inflación.

De seguidas observemos cómo se desarrollan los fundamentos de la política monetaria venezolana.

Al juzgar por la historia venezolana de la segunda mitad del siglo XX y las primeras dos décadas del siglo XXI, se puede concluir que no necesariamente los bancos centrales son garantes de las virtudes descritas por el profesor Grisanti. Por el contrario, en muchos casos han sido corresponsables –y cómplices– de los desastres financieros que ha sufrido Venezuela desde su creación.

En todo caso, como se mencionó, la creación del Banco Central de Venezuela se halla inmersa en la tendencia mundial de crear bancas centrales para dirigir la política monetaria de los países.

En el caso concreto de Venezuela, fue el gobierno el General Eleazar López Contreras (1936-1941) el que incluyó en su Programa de Febrero de 1936 la creación de la banca central.

En relación con este tema, el Programa de Febrero textualmente disponía lo siguiente: “Estudio de nuestra organización bancaria para su debida reforma, de manera que los bancos respondan mejor a las necesidades del comercio y otras actividades económicas y tengan adecuada protección los depositantes.

En octubre de 1937, en seguimiento a las directrices del Programa de Febrero, se le encomienda al profesor Manuel Egaña liderar el desarrollo de la estructura jurídica, organizacional y económica del Banco Central de Venezuela. Lo acompañarán en esa tarea otras figuras del campo económico venezolano de la época, tales como Emilio Beiner y Xavier Lope-Bello.

Finalmente, el Banco Central de Venezuela se crea mediante una ley publicada en la Gaceta Oficial No. 19.974 del 8 de septiembre de 1939. Desde su constitución, la Ley del BCV ha sufrido diversas modificaciones, a saber: en 1943, la fallida de 1948,1960, 1974, 1983, 1984,1987, 1992, 2001, 2002, 2005, 2009, 2010, 2014 y 2015.

Es decir, desde la creación del Banco Central de Venezuela, su base normativa se ha modificado quince (15) veces en casi ochenta años de existencia, lo cual evidencia la inestabilidad a la que ha estado sometida la institución desde su fundación. A modo de reflexión, llama la atención que el BCV tuvo relativa estabilidad jurídica en sus primeros treinta y cinco años. En efecto, tal y como lo señalan Guerra, Olivo y Sánchez (2002), “durante las décadas de los cincuenta y sesenta la inflación promedió 1,1 por ciento y 1,3 por ciento, respectivamente, tasas estas sustancialmente menores que las registradas por los principales países industrializados

Sin embargo, a partir de mediados de la década de los setenta del siglo XX la volatilidad legislativa en torno al BCV se acrecienta. ¿Existirá alguna relación entre esta inseguridad jurídica y el hecho de que durante este tiempo se nacionalizó la industria del gas (1971) y del petróleo (1976), principales fuentes de riqueza de Venezuela?

Más aún, no deja de ser preocupante que durante la década de 1980, cuando Venezuela enfrentó una compleja crisis financiera, la base legal del BCV se modificó tres veces. Justo cuando mayor disciplina fiscal y monetaria era requerida para enfrentar los desafíos de aquellos momentos.

En todo caso, precisado el recorrido histórico del BCV, en la actualidad este ente tiene su fundamento jurídico en la Constitución de 1999 y en el Decreto N° 2.179, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela (“Ley del BCV”). La Constitución de 1999 reconoce expresamente la existencia del BCV. En efecto, el Artículo 318 dispone expresamente lo siguiente

Las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar. En caso de que se instituya una moneda común en el marco de la integración latinoamericana y caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la República. El Banco Central de Venezuela es persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia. El Banco Central de Venezuela ejercerá sus funciones en coordinación con la política económica general, para alcanzar los objetivos superiores del Estado y la Nación.

En el transcurso de este escrito, hemos expuesto que la inflación es un problema complejo cuya raíz es fundamentalmente de índole monetaria.

La inflación como fenómeno esencialmente monetario estará intrínsecamente correlacionado con el ente que tenga a su cargo el control de la oferta monetaria de un determinado Estado, lo cual en la modernidad lleva casi siempre a la responsabilidad directa de la banca central.

En el caso venezolano, la responsabilidad de la política monetaria y de la inflación recae directamente sobre el Banco Central de Venezuela, y no sobre otros agentes económicos.

Técnicamente, es posible disminuir la tasa de inflación en Venezuela. Dada la voracidad fiscal y la indisciplina en la política monetaria del país durante las últimas décadas, los ajustes que deben realizarse afectarán el modo en el cual se ha venido haciendo política y gobernando la nación.

Podría afirmarse sin lugar a dudas que el mayor reto que enfrenta Venezuela para eliminar la inflación no reside en el tecnicismo para llevar las reformas a cabo, sino en la ausencia de voluntad política para acometer los cambios requeridos.

Es importante resaltar que la reforma constitucional de 1999 y la reforma fiscal del año 2000 fueron experiencias no exitosas en la búsqueda de cambios institucionales; por lo que implica que un cambio institucional en Venezuela no necesariamente reduce costos de transacción.

En este sentido, los mecanismos de coordinación de la política económica y los acuerdos políticos que promuevan la disciplina fiscal tenderían a restablecer la credibilidad y la confianza en las instituciones y nuevas reglas, alimentando de manera endógena el juego cooperativo y el cumplimiento de los contratos políticos. Todo ello tendería a reducir los costos de transacción en las finanzas públicas, canalizar los problemas de agencia, y mejorar el desempeño de la política fiscal.

 

Autor: Varios expertos en Economía / Alix trejo 

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